World Vision República Dominicana se honra en anunciar su integración al recién conformado Comité Consultivo de Alto Nivel que acompañará el proceso de reforma y actualización de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominicana.
Este comité, instalado oficialmente por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y liderado por el Ministerio de la Presidencia, tiene como objetivo fortalecer el marco normativo que protege a la niñez dominicana, adaptándolo a los desafíos sociales, jurídicos e institucionales actuales. El proceso de reforma se desarrollará en cuatro fases: instalación, diagnóstico, formulación y validación, con miras a concluir en el primer semestre de 2026.
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World Vision, como organización humanitaria con décadas de experiencia en la defensa de los derechos de la niñez más vulnerable, asume con profundo compromiso su rol dentro de este comité. Esta participación representa una oportunidad invaluable para incidir directamente en el desarrollo de una sociedad donde las voces de los niños y niñas son escuchadas y contribuyen a crear leyes alineadas con estándares internacionales de protección infantil.
Durante el acto de instalación, encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, se reiteró el firme compromiso del Gobierno dominicano con una reforma estructurada y responsable del Código de Protección de la Niñez, como parte del fortalecimiento institucional del país. Asimismo, la primera dama y presidenta honorífica del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), Raquel Arbaje, resaltó el carácter histórico de esta reforma, que convoca a múltiples sectores a trabajar de forma articulada por el bienestar integral de la infancia.
Esta reforma forma parte de los compromisos asumidos por el Estado dominicano con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y busca fortalecer la gobernanza del Sistema Nacional de Protección, actualizar los subsistemas judicial y administrativo, e integrar estándares internacionales en las políticas públicas de niñez.
