Su erradicación no solo depende de las normas y sistemas, sino también de la participación proactiva de la colectividad. Eliminar el matrimonio infantil es un compromiso de todos y todas.
Durante años, la República Dominicana ha sido identificada como un territorio fértil para el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Hasta hace poco, ocupaba el segundo lugar de la región de América Latina y el Caribe en cuanto a la prevalencia de esta problemática social, superada solo por Nicaragua, y alcanzando niveles comparables con países del África Subsahariana. Hoy, sin embargo, hemos escalado el primer lugar, lo cual no es una buena noticia.
En nuestras comunidades, es usual que las niñas y adolescentes se casen o unan con hombres mayores; tanto, que un 57% de las mujeres encuestadas en un estudio auspiciado por UNICEF declararon haberse unido o casado siendo adolescentes. Para la mayoría de la población dominicana, el casamiento entre una niña o adolescente con un adulto no es considerado como un problema principal en su entorno comunitario. Esta es una actividad que se produce de manera frecuente, y en muchos casos con hombres hasta 20 años mayores que ellas. Asimismo, la encuesta ENHOGAR-MICS 2014 establece que el 87.30% de las mujeres dominicanas se casan o unen antes de los 18 años, y un 43% lo hace antes de los 15 años cumplidos.
Definitivamente, el matrimonio infantil es una problemática de profundas simientes en las normas sociales de las comunidades dominicanas, que tiene mayor prevalencia en las zonas afectadas por la pobreza, la falta de oportunidades y la influencia del entorno. Sin embargo, también afecta a niñas y adolescentes provenientes de estratos sociales con mejores condiciones de vida.
El problema es que este tipo de uniones ha llegado a reconocerse como normal, y nunca un delito ni una violación a los derechos fundamentales de la niña por parte del agresor, quien por lo general cuenta con la aprobación de los padres de la niña, ya sea de manera transaccional, en el contexto de un embarazo, o por consentimiento puro y simple.
Afortunadamente, desde 2017, organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la Coalición de ONG’s por la Infancia -de la cual World Vision es parte del equipo de coordinación- han impulsado iniciativas orientadas a la prevención y erradicación del matrimonio infantil y las uniones tempranas sin excepciones. Los esfuerzos que desde 1997 se habían encaminado ante el Congreso Nacional han dado sus frutos: la promulgación de la Ley 1-21 por parte del Poder Ejecutivo, junto con el Decreto 1-21, que crea el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas. ¡Esto es motivo de celebración!
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Ahora bien, ¿es la aprobación de estos instrumentos de derecho por parte del Congreso Nacional, y su promulgación por el Poder Ejecutivo una señal de que el matrimonio infantil ha llegado a su fin?
Los avances en el plano normativo son un hito de gran relevancia en la lucha contra este flagelo, pero que al mismo tiempo no garantizan una reducción importante en su prevalencia, ya que estos atienden solo una parte del problema. Un alto porcentaje de los casos no resulta en un matrimonio, sino que se trata de unión libre, con el consentimiento o no de la familia, y sin la intervención de autoridad alguna. De hecho, datos oficiales revelan que de 2010 a 2017, hubo alrededor de 322 mil matrimonios en la República Dominicana, de los cuales solo un poco más de 300 corresponden a menores de 18 años. Sin embargo, no es el fiel reflejo de la realidad. Esto demuestra que el marco legal aborda la situación solo de manera parcial.
El matrimonio infantil es una problemática que transciende el plano legal, es una actividad multifactorial y multicausal que produce severos daños físicos y emocionales en la niña o joven. Esta ve forzada a convertirse en adulta de hecho, aun cuando su edad cronológica y ciclo de vida sugieren otro tipo de deberes y responsabilidades.
Estamos frente a un constructo social altamente influenciado por patrones de un modelo patriarcal. Este se manifiesta en la asignación de roles que señalan que el fin último de una mujer es ser madre y buena esposa, desde temprana edad. El matrimonio infantil violenta el derecho a la libertad, a escoger con quién vivir, estudiar, jugar, socializar, soñar, en fin, el derecho a ser niña y niño.
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Dado el interés que ha generado el tema en la sociedad en el último año, estamos ante un escenario que representa una gran oportunidad para incrementar de manera sostenida los esfuerzos multisectoriales, donde además de la puesta en marcha de los cambios en el marco legal alrededor del matrimonio infantil, se pongan en funcionamiento acciones que alcancen a todos los actores relacionados con la problemática.
Es momento de apelar al interés superior del niño, y aunar esfuerzos para garantizar y restituir sus derechos, incluyendo acciones de presión social para la puesta en funcionamiento de las normas aprobadas en el Congreso Nacional. Asimismo debemos insistir en el diseño e implementación de iniciativas que promuevan y generen un cambio de costumbres, actitudes y percepciones sobre el matrimonio infantil y las uniones tempranas en la República Dominicana. Por otro lado, es importante elevar la conciencia ciudadana a través de procesos de educación y sensibilización comunitaria que fortalezcan sus capacidades, de tal manera que la acción social transformadora se inicie en el lugar donde se producen los hechos.
Para lograrlo, una de las vías más expeditas es el diseño e implementación de una estrategia fundamentada en el modelo socio-ecológico de la comunicación para el desarrollo (C4D), mediante el cual se asegure una integración intersectorial y multi-actoral que genere una nueva forma de pensar. Este modelo apunta a la participación de todos los actores sociales, de tal manera que los cambios de comportamiento frente al problema se produzcan con el concurso de todos y todas, dando como resultado la transformación que se persigue, desde lo individual, lo familiar, comunitario, sociedad civil, los sectores productivos y las autoridades del sistema de protección, cada uno participando de manera proactiva en la identificación de las causas, proponiendo soluciones, siendo protagonistas de su propia transformación, con base en el rol particular que juegan en la sociedad.
Hemos avanzado, hay que aplaudirlo y celebrarlo, pero lamentablemente el matrimonio infantil y las uniones tempranas son una realidad social y una práctica cotidiana muy arraigada en la República Dominicana, por lo que su erradicación no solo depende de la aplicación efectiva de las normas y sistemas, sino también de la participación proactiva de la colectividad. Eliminar el matrimonio infantil es un compromiso de todos y todas.
El futuro de esta población está en nuestras manos… #DéjalaSerNiña.
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Johnny Bidó es un profesional de la Comunicación para el Desarrollo (C4D) y Gestión de Proyectos Sociales con más de 25 años de ejercicio en la República Dominicana. Su formación académica incluye doble titulación en la Escuela de Publicidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios superiores en Gestión de Proyectos Sociales, Comunicación Corporativa y Ortografía de la Lengua Española. Además, educación continuada en Relaciones Públicas, Protocolo Empresarial, Trabajo en Equipo, Manejo del Cambio, “Project Management for Results”, Estrategias de Comunicación para ONG, Manejo Efectivo del Tiempo, Estrategias de Comunicación en Situación de Desastres, Recaudación de Fondos, entre otros.
Ha dedicado los últimos 12 años al servicio de organizaciones sin fines de lucro, incluyendo roles en mandos medios y de dirección en Habitat for Humanity International – RD, International Justice Mission – RD (IJM), y actualmente en World Vision República Dominicana, donde ocupa la posición de Asesor Nacional de Protección e Incidencia. Es miembro de la red global “Communication for Development Network (C4D)”.